El derecho al secreto profesional de los periodistas está recogido en la Constitución, pero el desinterés de los grupos parlamentarios dificulta que su regulación pueda ser aprobada en esta legislatura, a pesar de que no provoca polémica ni implica coste alguno.
la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT lamentan que el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo, que la práctica totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados dijeron que iban a apoyar, se encuentre paralizado desde diciembre y en peligro de decaer debido a que ningún grupo de la Cámara ha intervenido para que continúe su tramitación.
El pasado 13 de diciembre esta ley fue introducida como una enmienda in voce del Grupo Socialista en el proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuya tramitación ya se encontraba muy avanzada. Se consideró la vía más adecuada para ahorrar informes y agilizar su tramitación, lo que permitiría que pudiera ser debatida y aprobada en marzo de 2023.
Al ser una ley de carácter orgánico, la Mesa del Congreso acordó al día siguiente desglosarla de la ley de carácter ordinario en la que había sido introducida como enmienda, para continuar su tramitación separada, a pesar de la oposición del PP y Vox.
Desde entonces, el proyecto de ley está parado en la Comisión de Justicia del Congreso pendiente de informe. La FAPE, CCOO, UGT y la FeSP -estas tres últimas, en representación del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)- muestran su preocupación porque ni el PSOE, que preside dicha Comisión, ni ninguno de los demás grupos haya planteado ninguna iniciativa para que continúe su tramitación.
Con este proyecto de ley se cumple el mandato del artículo 20 de la Constitución, con 44 años de retraso. Es una ley que no provoca ninguna polémica política ni implica coste alguno, por lo que todos los grupos con los que se reunieron las organizaciones citadas el año pasado expresaron su intención de apoyar su tramitación. Pese a ello, la falta de interés que han demostrado hará que, muy probablemente, no pueda ser aprobada antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.